Kaiser Health News
Luego de prometer atención médica universal, el gobernador de California debe reconsiderar la cobertura para inmigrantes
SACRAMENTO, California — El gobernador Gavin Newsom no esperaba enfrentarse a otra crisis sanitaria.
En marzo, mientras el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso intensificaban el debate nacional sobre la posibilidad de recortar la atención médica para los estadounidenses pobres y con discapacidades, el gobernador demócrata tuvo que informar a los legisladores estatales que los costos del cuidado de salud en California se habían descontrolado.
Esto debido a las grandes iniciativas de Medicaid que Newsom apoyaba, incluyendo la mayor expansión del país de la atención médica financiada con fondos públicos para inmigrantes que viven en Estados Unidos sin papeles.
Sus altos funcionarios del Departamento de Finanzas estatal revelaron con discreción a los legisladores californianos en una carta que el estado había solicitado un préstamo de $3.400 millones para pagar a las aseguradoras, médicos y hospitales que atendían a los pacientes inscritos en el programa estatal del Medicaid, conocido como Medi-Cal.
Ante el aumento de los costos de la atención en medio de una crisis presupuestaria estatal cada vez más profunda, Newsom ahora debe considerar la posibilidad de reducir la cobertura y los beneficios.
El gobernador, en su segundo mandato, se enfrenta a una difícil decisión política: no cumplir con su promesa de lograr una atención médica universal y retirar la cobertura a millones de inmigrantes sin estatus legal, o buscar recortes presupuestarios en otros lugares.
Con casi 15 millones de residentes inscritos en Medi-Cal, California tiene más que perder en materia de atención médica que cualquier otro estado. Sin embargo, aunque Newsom ha condenado la estrategia de Trump sobre los aranceles y las políticas ambientales, se ha mantenido hermético en materia de política de salud.
Para complicar su situación política, las encuestas muestran que brindar cobertura médica a inmigrantes sin papeles cuenta con escaso apoyo. Y cualquier problema presupuestario resultante podría perjudicar su legado político si se postulara a la presidencia en 2028.
“Todos sabemos que los recortes definitivamente se avecinan”, dijo Carlos Alarcón, analista de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, que ha ayudado a impulsar una campaña de una década en el estado para expandir Medicaid a los inmigrantes sin documentos elegibles.
“El gobernador debe cumplir su compromiso; nos decepcionaremos mucho si vemos recortes y reducciones. En tiempos difíciles, siempre son nuestras comunidades marginadas y desatendidas las que salen perdiendo”, agregó.
California permite a cualquier adulto de bajos ingresos inscribirse en Medi-Cal si gana el 138% del nivel federal de pobreza, o $21.597 al año o menos, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, los costos han sido mucho más altos de lo esperado.
El gobernador demócrata Jerry Brown amplió Medi-Cal a las personas de 19 años o menos sin papeles, pero expresó su reticencia a extenderlo más allá de ese grupo debido a los posibles costos.
Newsom promulgó leyes que incluyen a las personas de 20 años o más. Se estima que 1.6 millones de inmigrantes sin estatus legal ahora están cubiertos, y los costos se han disparado a $9.500 millones al año, en comparación con los $6.400 millones estimados en noviembre. El gobierno federal aporta aproximadamente $1.1 mil millones de ese total para atención médica del embarazo y emergencias.
“Podemos expandirnos por pura generosidad a todas partes, pero en cuanto estos recursos se agoten, todos perdemos. Estamos llegando a un punto crítico”, dijo el asambleísta de California David Tangipa (republicano de Fresno). “O asumimos la responsabilidad fiscal, o no habrá servicios para nadie, incluyendo a los californianos y a los inmigrantes indocumentados”.
Los líderes demócratas responsables de aprobar el presupuesto estatal no aceptaron entrevistas. En un comunicado, la senadora estatal María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles) quien defendió la expansión en la Legislatura, declaró: “Revertir este progreso sería una decisión perjudicial y obtusa”.
Los legisladores están considerando congelar la inscripción de inmigrantes sin papeles, imponer medidas de costos compartidos como copagos o primas sobre los medicamentos, o restringir los beneficios, según personas familiarizadas con el tema, que pidieron no ser identificadas para proteger sus relaciones en el Capitolio estatal.
Sin embargo, es poco probable que Newsom recorte drásticamente los fondos en su revisión presupuestaria, publicada el 14 de mayo. En cambio, los recortes se producirían si los republicanos del Congreso aprueban un acuerdo presupuestario con importantes reducciones al gasto federal en Medicaid.
“Esto va a ser muy problemático para el gobernador. Los recortes del presupuesto afectarán la vida de millones de inmigrantes que recién comienzan a tener atención médica, pero el gobernador tiene que hacer algo, porque esto no es sostenible”, dijo Mark Peterson, experto en atención médica y política nacional de la UCLA.
“La posibilidad de recortar otros gastos para apoyar a los inmigrantes que viven en el país sin autorización sería una estrategia política difícil; no creo que eso suceda”, dijo.
Si Newsom, junto con la Legislatura controlada por los demócratas, se viera obligado a realizar recortes, podría argumentar que no tenía otra opción. Trump y los republicanos del Congreso han amenazado a estados como California con la última propuesta de la Cámara de Representantes de EE.UU. de recortar la financiación de Medicaid en 10 puntos porcentuales para los estados que ofrecen cobertura a inmigrantes sin papeles.
Para Newsom, Trump podría ser un chivo expiatorio fácil, dicen analistas.
“Puede culpar a Trump; el dinero disponible es limitado”, dijo Mike Madrid, analista político republicano anti-Trump en California, especializado en temas latinos. “Esto está haciendo que la gente vea la atención médica que no puede pagar y se pregunte: ‘¿Por qué demonios se la damos gratis a quienes están aquí sin documentos?’”.
El costo exorbitante ha sido una sorpresa.
En la primera propuesta presupuestaria de Newsom como gobernador, en la que propuso ampliar Medi-Cal a los adultos jóvenes sin documentos, su administración estimó que extender los beneficios a todas las personas elegibles, independientemente de su estatus, costaría aproximadamente $2.4 mil millones anuales. Pero la última cifra reportada a los legisladores fue casi cuatro veces mayor.
Newsom se negó a responder preguntas de KFF Health News, y en su lugar hizo referencia a comentarios anteriores que dejan la puerta abierta a la posibilidad de reducir Medi-Cal. El gobernador destacó las conversaciones “serias” con los legisladores y afirmó que recortar el programa es una “pregunta abierta” en la que el presidente influirá considerablemente.
“¿Cuál es el impacto de Donald Trump en muchos de estos temas? ¿Cuál es el impacto del vandalismo federal en muchos de estos programas?”, se preguntó Newsom retóricamente en diciembre, sugiriendo que no está claro si podrá sostener la expansión para los inmigrantes sin papeles en los próximos años.
Newsom expandió Medi-Cal en tres fases, comenzando con los inmigrantes de 19 a 25 años, quienes se volvieron elegibles en 2020, resistiendo la presión de los defensores de la atención médica para una expansión grande y costosa. Argumentó que hacerlo de forma gradual, en última instancia, ahorraría dinero a California.
“Es lo correcto moral y éticamente”, dijo Newsom en 2020. “También es lo financieramente responsable”.
Los superávits presupuestarios récord de los últimos años permitieron que los demócratas continuaran. Los adultos mayores de 50 a 64 años comenzaron a ser elegibles en 2022, y Newsom cerró la brecha al año siguiente, aprobando la cobertura para el grupo más numeroso, el de 26 a 49 años, a partir de 2024.
Sin embargo, los costos han aumentado muchísimo, mientras que el panorama presupuestario se ha deteriorado, según un análisis de KFF de los registros más recientes de 2023 disponibles del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra Medi-Cal.
Por fuera de los niños, fue más caro brindar cobertura de Medicaid a los inmigrantes sin estatus legal que a los residentes legales. Por ejemplo, Medi-Cal pagó a L.A. Care, una gran aseguradora de salud en Los Ángeles, un promedio de $495.32 mensuales por brindar atención a un adulto sin hijos sin papeles, y $266.77 por un residente legal sin hijos.
No solo fue más caro para los inmigrantes sin estatus legal, sino que California asumió la mayor parte del costo.
El estado pagó aproximadamente entre el 60% y el 70% de los costos de atención médica para un inmigrante adulto sin hijos cubierto por L.A. Care, y alrededor del 10% para un residente legal sin hijos. Estos costos no abarcan el costo total de la atención, que puede variar según en donde viven los pacientes de Medi-Cal, y aumentar al surtir recetas, ir al dentista o buscar atención de salud mental.
Estos pagos también varían según la aseguradora, pero la tendencia se mantiene en todos los planes de Medi-Cal. En la mayor parte del estado, los pacientes pueden elegir entre más de un plan de salud.
En muchos casos, la cobertura para los niños sin estatus legal fue más económica que la de los niños con residencia legal. Generalmente, los niños son más saludables y necesitan menos atención.
Mike Genest, quien se desempeñó como director de finanzas durante el gobierno del ex gobernador republicano Arnold Schwarzenegger, argumentó que el estado debería haber previsto el enorme costo.
“La idea de que a largo plazo podamos pagar la atención médica para todas estas personas indocumentadas es insostenible”, dijo Genest.
Si bien ahora los costos son altos, la expansión de Medi-Cal generará ahorros a largo plazo para los contribuyentes y el sistema de salud, afirmó Anthony Wright, quien anteriormente presionó a favor de la expansión como director de la organización sin fines de lucro Health Access y ahora lucha contra los recortes a Medicaid como director ejecutivo de Families USA, con sede en Washington, D.C.
“De todas formas, seguirán acudiendo a nuestro sistema de salud”, afirmó Wright. “Dejarlos sin seguro médico solo resultará en salas de emergencia más congestionadas y costará aún más. No tiene sentido económico que no tengan seguro; eso les quita ingresos cruciales a clínicas y hospitales, lo que solo causa más problemas”.
Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
Subscribe to KFF Health News’ free Morning Briefing.
This article first appeared on KFF Health News and is republished here under a Creative Commons license.
The post Luego de prometer atención médica universal, el gobernador de California debe reconsiderar la cobertura para inmigrantes appeared first on kffhealthnews.org
Note: The following A.I. based commentary is not part of the original article, reproduced above, but is offered in the hopes that it will promote greater media literacy and critical thinking, by making any potential bias more visible to the reader –Staff Editor.
Political Bias Rating: Center-Left
This article provides an in-depth analysis of California Governor Gavin Newsom’s Medicaid expansion policies for undocumented immigrants, focusing on the financial challenges and political pressures involved. It frames Newsom as a Democrat supportive of progressive healthcare expansion but facing budgetary constraints partly due to federal policies under Republican leadership, notably former President Trump. The piece highlights the tension between progressive social goals and fiscal responsibility, with critical voices on both sides. The nuanced presentation, emphasis on social welfare expansions, and critique of Republican federal policies position the article on the center-left of the political spectrum, reflecting moderate Democratic concerns without overt partisan advocacy.
Kaiser Health News
How To Find the Right Medical Rehab Services
Rehabilitation therapy can be a godsend after hospitalization for a stroke, a fall, an accident, a joint replacement, a severe burn, or a spinal cord injury, among other conditions. Physical, occupational, and speech therapy are offered in a variety of settings, including at hospitals, nursing homes, clinics, and at home. It’s crucial to identify a high-quality, safe option with professionals experienced in treating your condition.
What kinds of rehab therapy might I need?
Physical therapy helps patients improve their strength, stability, and movement and reduce pain, usually through targeted exercises. Some physical therapists specialize in neurological, cardiovascular, or orthopedic issues. There are also geriatric and pediatric specialists. Occupational therapy focuses on specific activities (referred to as “occupations”), often ones that require fine motor skills, like brushing teeth, cutting food with a knife, and getting dressed. Speech and language therapy help people communicate. Some patients may need respiratory therapy if they have trouble breathing or need to be weaned from a ventilator.
Will insurance cover rehab?
Medicare, health insurers, workers’ compensation, and Medicaid plans in some states cover rehab therapy, but plans may refuse to pay for certain settings and may limit the amount of therapy you receive. Some insurers may require preauthorization, and some may terminate coverage if you’re not improving. Private insurers often place annual limits on outpatient therapy. Traditional Medicare is generally the least restrictive, while private Medicare Advantage plans may monitor progress closely and limit where patients can obtain therapy.
Should I seek inpatient rehabilitation?
Patients who still need nursing or a doctor’s care but can tolerate three hours of therapy five days a week may qualify for admission to a specialized rehab hospital or to a unit within a general hospital. Patients usually need at least two of the main types of rehab therapy: physical, occupational, or speech. Stays average around 12 days.
How do I choose?
Look for a place that is skilled in treating people with your diagnosis; many inpatient hospitals list specialties on their websites. People with complex or severe medical conditions may want a rehab hospital connected to an academic medical center at the vanguard of new treatments, even if it’s a plane ride away.
“You’ll see youngish patients with these life-changing, fairly catastrophic injuries,” like spinal cord damage, travel to another state for treatment, said Cheri Blauwet, chief medical officer of Spaulding Rehabilitation in Boston, one of 15 hospitals the federal government has praised for cutting-edge work.
But there are advantages in selecting a hospital close to family and friends who can help after you are discharged. Therapists can help train at-home caregivers.
How do I find rehab hospitals?
The discharge planner or caseworker at the acute care hospital should provide options. You can search for inpatient rehabilitation facilities by location or name through Medicare’s Care Compare website. There you can see how many patients the rehab hospital has treated with your condition — the more the better. You can search by specialty through the American Medical Rehabilitation Providers Association, a trade group that lists its members.
Find out what specialized technologies a hospital has, like driving simulators — a car or truck that enable a patient to practice getting in and out of a vehicle — or a kitchen table with utensils to practice making a meal.
How can I be confident a rehab hospital is reliable?
It’s not easy: Medicare doesn’t analyze staffing levels or post on its website results of safety inspections as it does for nursing homes. You can ask your state public health agency or the hospital to provide inspection reports for the last three years. Such reports can be technical, but you should get the gist. If the report says an “immediate jeopardy” was called, that means inspectors identified safety problems that put patients in danger.
The rate of patients readmitted to a general hospital for a potentially preventable reason is a key safety measure. Overall, for-profit rehabs have higher readmission rates than nonprofits do, but there are some with lower readmission rates and some with higher ones. You may not have a nearby choice: There are fewer than 400 rehab hospitals, and most general hospitals don’t have a rehab unit.
You can find a hospital’s readmission rates under Care Compare’s quality section. Rates lower than the national average are better.
Another measure of quality is how often patients are functional enough to go home after finishing rehab rather than to a nursing home, hospital, or health care institution. That measure is called “discharge to community” and is listed under Care Compare’s quality section. Rates higher than the national average are better.
Look for reviews of the hospital on Yelp and other sites. Ask if the patient will see the same therapist most days or a rotating cast of characters. Ask if the therapists have board certifications earned after intensive training to treat a patient’s particular condition.
Visit if possible, and don’t look only at the rooms in the hospital where therapy exercises take place. Injuries often occur in the 21 hours when a patient is not in therapy, but in his or her room or another part of the building. Infections, falls, bedsores, and medication errors are risks. If possible, observe whether nurses promptly respond to call lights, seem overloaded with too many patients, or are apathetically playing on their phones. Ask current patients and their family members if they are satisfied with the care.
What if I can’t handle three hours of therapy a day?
A nursing home that provides rehab might be appropriate for patients who don’t need the supervision of a doctor but aren’t ready to go home. The facilities generally provide round-the-clock nursing care. The amount of rehab varies based on the patient. There are more than 14,500 skilled nursing facilities in the United States, 12 times as many as hospitals offering rehab, so a nursing home may be the only option near you.
You can look for them through Medicare’s Care Compare website. (Read our previous guide to finding a good, well-staffed home to know how to assess the overall staffing.)
What if patients are too frail even for a nursing home?
They might need a long-term care hospital. Those specialize in patients who are in comas, on ventilators, and have acute medical conditions that require the presence of a physician. Patients stay at least four weeks, and some are there for months. Care Compare helps you search. There are fewer than 350 such hospitals.
I’m strong enough to go home. How do I receive therapy?
Many rehab hospitals offer outpatient therapy. You also can go to a clinic, or a therapist can come to you. You can hire a home health agency or find a therapist who takes your insurance and makes house calls. Your doctor or hospital may give you referrals. On Care Compare, home health agencies list whether they offer physical, occupational, or speech therapy. You can search for board-certified therapists on the American Physical Therapy Association’s website.
While undergoing rehab, patients sometimes move from hospital to nursing facility to home, often at the insistence of their insurers. Alice Bell, a senior specialist at the APTA, said patients should try to limit the number of transitions, for their own safety.
“Every time a patient moves from one setting to another,” she said, “they’re in a higher risk zone.”
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
Subscribe to KFF Health News’ free Morning Briefing.
This article first appeared on KFF Health News and is republished here under a Creative Commons license.
The post How To Find the Right Medical Rehab Services appeared first on kffhealthnews.org
Note: The following A.I. based commentary is not part of the original article, reproduced above, but is offered in the hopes that it will promote greater media literacy and critical thinking, by making any potential bias more visible to the reader –Staff Editor.
Political Bias Rating: Centrist
This article from KFF Health News provides a comprehensive, fact-based guide to rehabilitation therapy options and how to navigate insurance, care settings, and provider quality. It avoids ideological framing and presents information in a neutral, practical tone aimed at helping consumers make informed medical decisions. While it touches on Medicare and private insurance policies, it does so without political commentary or value judgments, and no partisan viewpoints or advocacy positions are evident. The focus remains on patient care, safety, and informed choice, supporting a nonpartisan, service-oriented approach to health reporting.
Kaiser Health News
States Brace for Reversal of Obamacare Coverage Gains Under Trump’s Budget Bill
Shorter enrollment periods. More paperwork. Higher premiums. The sweeping tax and spending bill pushed by President Donald Trump includes provisions that would not only reshape people’s experience with the Affordable Care Act but, according to some policy analysts, also sharply undermine the gains in health insurance coverage associated with it.
The moves affect consumers and have particular resonance for the 19 states (plus Washington, D.C.) that run their own ACA exchanges.
Many of those states fear that the additional red tape — especially requirements that would end automatic reenrollment — would have an outsize impact on their policyholders. That’s because a greater percentage of people in those states use those rollovers versus shopping around each year, which is more commonly done by people in states that use the federal healthcare.gov marketplace.
“The federal marketplace always had a message of, ‘Come back in and shop,’ while the state-based markets, on average, have a message of, ‘Hey, here’s what you’re going to have next year, here’s what it will cost; if you like it, you don’t have to do anything,’” said Ellen Montz, who oversaw the federal ACA marketplace under the Biden administration as deputy administrator and director at the Center for Consumer Information and Insurance Oversight. She is now a managing director with the Manatt Health consulting group.
Millions — perhaps up to half of enrollees in some states — may lose or drop coverage as a result of that and other changes in the legislation combined with a new rule from the Trump administration and the likely expiration at year’s end of enhanced premium subsidies put in place during the covid-19 pandemic. Without an extension of those subsidies, which have been an important driver of Obamacare enrollment in recent years, premiums are expected to rise 75% on average next year. That’s starting to happen already, based on some early state rate requests for next year, which are hitting double digits.
“We estimate a minimum 30% enrollment loss, and, in the worst-case scenario, a 50% loss,” said Devon Trolley, executive director of Pennie, the ACA marketplace in Pennsylvania, which had 496,661 enrollees this year, a record.
Drops of that magnitude nationally, coupled with the expected loss of Medicaid coverage for millions more people under the legislation Trump calls the “One Big Beautiful Bill,” could undo inroads made in the nation’s uninsured rate, which dropped by about half from the time most of the ACA’s provisions went into effect in 2014, when it hovered around 14% to 15% of the population, to just over 8%, according to the most recent data.
Premiums would rise along with the uninsured rate, because older or sicker policyholders are more likely to try to jump enrollment hurdles, while those who rarely use coverage — and are thus less expensive — would not.
After a dramatic all-night session, House Republicans passed the bill, meeting the president’s July 4 deadline. Trump is expected to sign the measure on Independence Day. It would increase the federal deficit by trillions of dollars and cut spending on a variety of programs, including Medicaid and nutrition assistance, to partly offset the cost of extending tax cuts put in place during the first Trump administration.
The administration and its supporters say the GOP-backed changes to the ACA are needed to combat fraud. Democrats and ACA supporters see this effort as the latest in a long history of Republican efforts to weaken or repeal Obamacare. Among other things, the legislation would end several changes put in place by the Biden administration that were credited with making it easier to sign up, such as lengthening the annual open enrollment period and launching a special program for very low-income people that essentially allows them to sign up year-round.
In addition, automatic reenrollment, used by more than 10 million people for 2025 ACA coverage, would end in the 2028 sign-up season. Instead, consumers would have to update their information, starting in August each year, before the close of open enrollment, which would end Dec. 15, a month earlier than currently.
That’s a key change to combat rising enrollment fraud, said Brian Blase, president of the conservative Paragon Health Institute, because it gets at what he calls the Biden era’s “lax verification requirements.”
He blames automatic reenrollment, coupled with the availability of zero-premium plans for people with lower incomes that qualify them for large subsidies, for a sharp uptick in complaints from insurers, consumers, and brokers about fraudulent enrollments in 2023 and 2024. Those complaints centered on consumers’ being enrolled in an ACA plan, or switched from one to another, without authorization, often by commission-seeking brokers.
In testimony to Congress on June 25, Blase wrote that “this simple step will close a massive loophole and significantly reduce improper enrollment and spending.”
States that run their own marketplaces, however, saw few, if any, such problems, which were confined mainly to the 31 states using the federal healthcare.gov.
The state-run marketplaces credit their additional security measures and tighter control over broker access than healthcare.gov for the relative lack of problems.
“If you look at California and the other states that have expanded their Medicaid programs, you don’t see that kind of fraud problem,” said Jessica Altman, executive director of Covered California, the state’s Obamacare marketplace. “I don’t have a single case of a consumer calling Covered California saying, ‘I was enrolled without consent.’”
Such rollovers are common with other forms of health insurance, such as job-based coverage.
“By requiring everyone to come back in and provide additional information, and the fact that they can’t get a tax credit until they take this step, it is essentially making marketplace coverage the most difficult coverage to enroll in,” said Trolley at Pennie, 65% of whose policyholders were automatically reenrolled this year, according to KFF data. KFF is a health information nonprofit that includes KFF Health News.
Federal data shows about 22% of federal sign-ups in 2024 were automatic-reenrollments, versus 58% in state-based plans. Besides Pennsylvania, the states that saw such sign-ups for more than 60% of enrollees include California, New York, Georgia, New Jersey, and Virginia, according to KFF.
States do check income and other eligibility information for all enrollees — including those being automatically renewed, those signing up for the first time, and those enrolling outside the normal open enrollment period because they’ve experienced a loss of coverage or other life event or meet the rules for the low-income enrollment period.
“We have access to many data sources on the back end that we ping, to make sure nothing has changed. Most people sail through and are able to stay covered without taking any proactive step,” Altman said.
If flagged for mismatched data, applicants are asked for additional information. Under current law, “we have 90 days for them to have a tax credit while they submit paperwork,” Altman said.
That would change under the tax and spending plan before Congress, ending presumptive eligibility while a person submits the information.
A white paper written for Capital Policy Analytics, a Washington-based consultancy that specializes in economic analysis, concluded there appears to be little upside to the changes.
While “tighter verification can curb improper enrollments,” the additional paperwork, along with the expiration of higher premiums from the enhanced tax subsidies, “would push four to six million eligible people out of Marketplace plans, trading limited fraud savings for a surge in uninsurance,” wrote free market economists Ike Brannon and Anthony LoSasso.
“Insurers would be left with a smaller, sicker risk pool and heightened pricing uncertainty, making further premium increases and selective market exits [by insurers] likely,” they wrote.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
Subscribe to KFF Health News’ free Morning Briefing.
This article first appeared on KFF Health News and is republished here under a Creative Commons license.
The post States Brace for Reversal of Obamacare Coverage Gains Under Trump’s Budget Bill appeared first on kffhealthnews.org
Note: The following A.I. based commentary is not part of the original article, reproduced above, but is offered in the hopes that it will promote greater media literacy and critical thinking, by making any potential bias more visible to the reader –Staff Editor.
Political Bias Rating: Center-Left
This content presents a critique of Republican-led changes to the Affordable Care Act, emphasizing potential negative impacts such as increased premiums, reduced enrollment, and the erosion of coverage gains made under the ACA. It highlights the perspective of policy analysts and state officials who express concern over these measures, while also presenting conservative viewpoints, particularly those focusing on fraud reduction. Overall, the tone and framing lean toward protecting the ACA and its expansions, which traditionally aligns with Center-Left media analysis.
Kaiser Health News
Dual Threats From Trump and GOP Imperil Nursing Homes and Their Foreign-Born Workers
In a top-rated nursing home in Alexandria, Virginia, the Rev. Donald Goodness is cared for by nurses and aides from various parts of Africa. One of them, Jackline Conteh, a naturalized citizen and nurse assistant from Sierra Leone, bathes and helps dress him most days and vigilantly intercepts any meal headed his way that contains gluten, as Goodness has celiac disease.
“We are full of people who come from other countries,” Goodness, 92, said about Goodwin House Alexandria’s staff. Without them, the retired Episcopal priest said, “I would be, and my building would be, desolate.”
The long-term health care industry is facing a double whammy from President Donald Trump’s crackdown on immigrants and the GOP’s proposals to reduce Medicaid spending. The industry is highly dependent on foreign workers: More than 800,000 immigrants and naturalized citizens comprise 28% of direct care employees at home care agencies, nursing homes, assisted living facilities, and other long-term care companies.
But in January, the Trump administration rescinded former President Joe Biden’s 2021 policy that protected health care facilities from Immigration and Customs Enforcement raids. The administration’s broad immigration crackdown threatens to drastically reduce the number of current and future workers for the industry. “People may be here on a green card, and they are afraid ICE is going to show up,” said Katie Smith Sloan, president of LeadingAge, an association of nonprofits that care for older adults.
Existing staffing shortages and quality-of-care problems would be compounded by other policies pushed by Trump and the Republican-led Congress, according to nursing home officials, resident advocates, and academic experts. Federal spending cuts under negotiation may strip nursing homes of some of their largest revenue sources by limiting ways states leverage Medicaid money and making it harder for new nursing home residents to retroactively qualify for Medicaid. Care for 6 in 10 residents is paid for by Medicaid, the state-federal health program for poor or disabled Americans.
“We are facing the collision of two policies here that could further erode staffing in nursing homes and present health outcome challenges,” said Eric Roberts, an associate professor of internal medicine at the University of Pennsylvania.
The industry hasn’t recovered from covid-19, which killed more than 200,000 long-term care facility residents and workers and led to massive staff attrition and turnover. Nursing homes have struggled to replace licensed nurses, who can find better-paying jobs at hospitals and doctors’ offices, as well as nursing assistants, who can earn more working at big-box stores or fast-food joints. Quality issues that preceded the pandemic have expanded: The percentage of nursing homes that federal health inspectors cited for putting residents in jeopardy of immediate harm or death has risen alarmingly from 17% in 2015 to 28% in 2024.
In addition to seeking to reduce Medicaid spending, congressional Republicans have proposed shelving the biggest nursing home reform in decades: a Biden-era rule mandating minimum staffing levels that would require most of the nation’s nearly 15,000 nursing homes to hire more workers.
The long-term care industry expects demand for direct care workers to burgeon with an influx of aging baby boomers needing professional care. The Census Bureau has projected the number of people 65 and older would grow from 63 million this year to 82 million in 2050.
In an email, Vianca Rodriguez Feliciano, a spokesperson for the Department of Health and Human Services, said the agency “is committed to supporting a strong, stable long-term care workforce” and “continues to work with states and providers to ensure quality care for older adults and individuals with disabilities.” In a separate email, Tricia McLaughlin, a Department of Homeland Security spokesperson, said foreigners wanting to work as caregivers “need to do that by coming here the legal way” but did not address the effect on the long-term care workforce of deportations of classes of authorized immigrants.
Goodwin Living, a faith-based nonprofit, runs three retirement communities in northern Virginia for people who live independently, need a little assistance each day, have memory issues, or require the availability of around-the-clock nurses. It also operates a retirement community in Washington, D.C. Medicare rates Goodwin House Alexandria as one of the best-staffed nursing homes in the country. Forty percent of the organization’s 1,450 employees are foreign-born and are either seeking citizenship or are already naturalized, according to Lindsay Hutter, a Goodwin spokesperson.
“As an employer, we see they stay on with us, they have longer tenure, they are more committed to the organization,” said Rob Liebreich, Goodwin’s president and CEO.
Jackline Conteh spent much of her youth shuttling between Sierra Leone, Liberia, and Ghana to avoid wars and tribal conflicts. Her mother was killed by a stray bullet in her home country of Liberia, Conteh said. “She was sitting outside,” Conteh, 56, recalled in an interview.
Conteh was working as a nurse in a hospital in Sierra Leone in 2009 when she learned of a lottery for visas to come to the United States. She won, though she couldn’t afford to bring her husband and two children along at the time. After she got a nursing assistant certification, Goodwin hired her in 2012.
Conteh said taking care of elders is embedded in the culture of African families. When she was 9, she helped feed and dress her grandmother, a job that rotated among her and her sisters. She washed her father when he was dying of prostate cancer. Her husband joined her in the United States in 2017; she cares for him because he has heart failure.
“Nearly every one of us from Africa, we know how to care for older adults,” she said.
Her daughter is now in the United States, while her son is still in Africa. Conteh said she sends money to him, her mother-in-law, and one of her sisters.
In the nursing home where Goodness and 89 other residents live, Conteh helps with daily tasks like dressing and eating, checks residents’ skin for signs of swelling or sores, and tries to help them avoid falling or getting disoriented. Of 102 employees in the building, broken up into eight residential wings called “small houses” and a wing for memory care, at least 72 were born abroad, Hutter said.
Donald Goodness grew up in Rochester, New York, and spent 25 years as rector of The Church of the Ascension in New York City, retiring in 1997. He and his late wife moved to Alexandria to be closer to their daughter, and in 2011 they moved into independent living at the Goodwin House. In 2023 he moved into one of the skilled nursing small houses, where Conteh started caring for him.
“I have a bad leg and I can’t stand on it very much, or I’d fall over,” he said. “She’s in there at 7:30 in the morning, and she helps me bathe.” Goodness said Conteh is exacting about cleanliness and will tell the housekeepers if his room is not kept properly.
Conteh said Goodness was withdrawn when he first arrived. “He don’t want to come out, he want to eat in his room,” she said. “He don’t want to be with the other people in the dining room, so I start making friends with him.”
She showed him a photo of Sierra Leone on her phone and told him of the weather there. He told her about his work at the church and how his wife did laundry for the choir. The breakthrough, she said, came one day when he agreed to lunch with her in the dining room. Long out of his shell, Goodness now sits on the community’s resident council and enjoys distributing the mail to other residents on his floor.
“The people that work in my building become so important to us,” Goodness said.
While Trump’s 2024 election campaign focused on foreigners here without authorization, his administration has broadened to target those legally here, including refugees who fled countries beset by wars or natural disasters. This month, the Department of Homeland Security revoked the work permits for migrants and refugees from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela who arrived under a Biden-era program.
“I’ve just spent my morning firing good, honest people because the federal government told us that we had to,” Rachel Blumberg, president of the Toby & Leon Cooperman Sinai Residences of Boca Raton, a Florida retirement community, said in a video posted on LinkedIn. “I am so sick of people saying that we are deporting people because they are criminals. Let me tell you, they are not all criminals.”
At Goodwin House, Conteh is fearful for her fellow immigrants. Foreign workers at Goodwin rarely talk about their backgrounds. “They’re scared,” she said. “Nobody trusts anybody.” Her neighbors in her apartment complex fled the U.S. in December and returned to Sierra Leone after Trump won the election, leaving their children with relatives.
“If all these people leave the United States, they go back to Africa or to their various countries, what will become of our residents?” Conteh asked. “What will become of our old people that we’re taking care of?”
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
Subscribe to KFF Health News’ free Morning Briefing.
This article first appeared on KFF Health News and is republished here under a Creative Commons license.
The post Dual Threats From Trump and GOP Imperil Nursing Homes and Their Foreign-Born Workers appeared first on kffhealthnews.org
Note: The following A.I. based commentary is not part of the original article, reproduced above, but is offered in the hopes that it will promote greater media literacy and critical thinking, by making any potential bias more visible to the reader –Staff Editor.
Political Bias Rating: Center-Left
This content primarily highlights concerns about the impact of restrictive immigration policies and Medicaid spending cuts proposed by the Trump administration and Republican lawmakers on the long-term care industry. It emphasizes the importance of immigrant workers in healthcare, the challenges that staffing shortages pose to patient care, and the potential negative effects of GOP policy proposals. The tone is critical of these policies while sympathetic toward immigrant workers and advocates for maintaining or increasing government support for healthcare funding. The framing aligns with a center-left perspective, focusing on social welfare, immigrant rights, and concern about the consequences of conservative economic and immigration policies without descending into partisan rhetoric.
-
News from the South - Texas News Feed4 days ago
Kratom poisoning calls climb in Texas
-
News from the South - Tennessee News Feed5 days ago
GRAPHIC VIDEO WARNING: Man shot several times at point-blank range outside Memphis convenience store
-
News from the South - Texas News Feed2 days ago
New Texas laws go into effect as school year starts
-
News from the South - Florida News Feed2 days ago
Floridians lose tens of millions to romance scams
-
News from the South - Kentucky News Feed5 days ago
Unsealed warrant reveals IRS claims of millions in unreported sales at Central Kentucky restaurants
-
News from the South - Arkansas News Feed7 days ago
Idaho is losing OB-GYNs. Doctors who remain are trying to shoulder the extra burdens.
-
Mississippi Today5 days ago
‘Get a life,’ Sen. Roger Wicker says of constituents
-
News from the South - Georgia News Feed7 days ago
Cold case murder solved: Nicole Alston’s murder | FOX 5 News